Después de que en 2018 el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Valencia decretara la anulación de la resolución que aprobaba en 2014 el Plan de Actuación Territorial Estratégico (ATE) para la construcción de ‘Alcoinnova Proyecto Industrial y Tecnológico’ en la partida de La Canal, la empresa ‘La Española’, promotora del plan, interpuso un recurso que, finalmente, ha sido anulado por las deficiencias de la tramitación ambiental y por, entre otras cuestiones, admitir actividades peligrosas para el acuífero del Molinar.

Como han explicado desde el grupo municipal del PSOE, “el ATE es una figura urbanística nueva que impulsó el Gobierno del PP al frente de la Generalitat que permitía llevar adelante en menos de un año proyectos estratégicos Comunidad Valenciana”.

El secretario general de los socialistas alcoyanos, Jordi Martínez, ha afirmado que “finalmente se ha demostrado que este proyecto no se puede llevar a cabo en La Canal. Siempre hemos dicho que ‘Alcoinnova’ es un buen proyecto impulsado por una de las empresas del sector agroalimentario más importantes de España, pero que la zona del Canal tal como ha ratificado el Tribunal Supremo no es la zona adecuada”.

SATISFACCIÓN POR LA SENTENCIA

Salvem l'Aqüífer del Molinar y La Carrasca-Ecologistes en Acció, las dos asociaciones que impugnaron ante el Tribunal valenciano el plan de urbanización de La Canal, han manifestado su satisfacción: "Siempre hemos dicho que la parte industrial de la actuación Alcoinnova se podía ejecutar en otros muchos lugares y así lo demostramos en el proceso judicial, con un estudio de la Universitat Politècnica de València que comparaba las alternativas de ubicación. Teníamos razón cuando alegábamos que elegir La Canal era la peor opción si se quería llevar adelante un proyecto serio y viable, y no meramente especulativo. Finalmente, podemos felicitarnos y felicitar todo el pueblo de Alcoy, porque la sentencia del Supremo garantiza la preservación de nuestro principal suministro de agua potable".

Las dos asociaciones han concluido criticando duramente la actuación del anterior gobierno del PP y, particularmente, la actitud de la que fue consejera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig: "en lugar de actuar de forma responsable y de ajustarse a la legalidad, dio alas a la especulación urbanística, sin pensar en el futuro de nuestra ciudad, que sin agua lo pierde todo. No estaría mal que ahora asumiera las responsabilidades de su mala gestión y al menos pidiera disculpas, especialmente a las personas que presentaron las 1.618 alegaciones que ella desestimó sin cimiento, como por ejemplo se ha comprobado".