El concurso para reformar el parking y reponer la zona verde en La Rosaleda ha quedado desierto. Este proyecto se suma a los de un edificio administrativo en Rodes o un edificio municipal en La Sardina como concursos desiertos en los últimos meses.

“La situación es compleja para todas las administraciones puesto que como vemos, día tras día los precios siguen subiendo. Lo cierto y seguro es que hay que cumplir con la sentencia, reponer la zona verde en la Rosaleda, y aún a nuestro pesar, este mandato prima aunque los precios de construcción se incrementen no pudiendo demorar la ejecución a una futura bajada de los mismos”, ha explicado el concejal de Urbanismo, Jordi Martínez.

La licitación de la obra se aprobó en diciembre y después de haber expirado el plazo no se ha presentado ninguna empresa. El Ayuntamiento ha iniciado el expediente para la revisión de precios sobre el proyecto. Esto supondrá una elevación del coste de la actuación que tenía un presupuesto base de licitación de 2.438.066,73 euros con un plazo de ejecución de 10 meses.

El objetivo del consistorio es que todos los trámites se realicen en el menor plazo de tiempo, y poder licitar de nuevo la obra con la previsión de que esté adjudicada a la vuelta del verano.

Las obras harán que se cumpla la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Se generará un jardín que cumpla con las especificaciones relativas a zonas verdes. Para ello, se demolerá el forjado de cubierta para su nueva ejecución, así como el refuerzo de todos los elementos estructurales, desde pilares hasta losa de cimentación e incluirá la zona verde correspondiente.

LA ROSALEDA Y LOS TRIBUNALES

Según ha recordado el Gobierno Municipal, durante el verano de 2001 el Ayuntamiento inició los trámites para la construcción de un aparcamiento subterráneo en La Rosaleda y lo adjudicó a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Enrique Ortiz e Hijos y Auplasa, con un proyecto que no respetaba la zona verde. La Carrasca-Ecologistes en Acció y un grupo de vecinos presentaron un recurso contencioso-administrativo y pidieron la suspensión cautelar de las obras, pero el Tribunal la denegó porque el Ayuntamiento alegó que la eliminación de la zona ajardinada era transitoria, y que el concesionario tenía que reponerla exactamente en la misma situación en que se encontraba antes de las obras, algo que no se hizo.

 

Por este motivo presentaron un recurso contencioso administrativo que fue aprobado en una sentencia del TSJ emitida en octubre de 2005, ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo y por el Constitucional, lo que ha obligado al Ayuntamiento de Alcoy a reponer la zona verde.