La empresa que realiza los trabajos de reforma de La Rosaleda tardará en terminar dos meses más. El Ayuntamiento ha concedido una segunda ampliación de plazo previsto. La contratista ha justificado el retraso y los técnicos municipales han entendido que los motivos presentados son suficientes.

Esta es la segunda prórroga que solicita la empresa. La primera fue el pasado mes de septiembre. En aquel momento la constructora se excusó en que la concesionaria del parquin no les había dado llaves de todo el recinto y que cuando entraron encontraron escombros y residuos de más. Además, se escudaron en las lluvias torrenciales de agosto y septiembre y en que hicieron la demolición más despacio para no molestar tanto a los vecinos.

En todo caso, con los tres meses y medio que solicitaron hubiesen terminado las obras en este mes de marzo. Ahora han pedido ampliar el plazo de entrega dos meses más, por lo que la fecha límite que tienen es la del domingo 11 de marzo próximo. Comenzaron el 31 de enero y tendrían que haber durado diez meses.

Los motivos que han presentado esta vez son los problemas con proveedores y subcontratistas afectados por la dana de la comarca de la Horta Sud de Valencia, retrasos en la pavimentación a causa de filtraciones por las lluvias, dificultades en la cimentación del monumento a San Jorge y la aparición de fisuras y desconchados en el forjado inicial.

Para la concejala de Urbanismo, Vanesa Moltó, vale la pena la espera porque “ queremos asegurar que esta obra se ejecute correctamente y con la calidad necesaria”. Moltó ha asegurado comprender las molestias que el retraso genera, pero ve más importante que la obra “se lleve a cabo conforme a los criterios técnicos y estructurales adecuados”.

EL PORQUÈ DE LA OBRA

La demolición de parte de la zona central de la plaza de La Constitució, la que albergaba el aparcamiento subterráneo, se debe a que el Ayuntamiento de Alcoy se ha visto obligado a cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo de la Comunitat Valenciana (TSJ). Esta disposición considera ilegal la actuación del entonces Gobierno municipal dirigido por Miguel Peralta, del Partido Popular. Obliga a cumplir con la normativa vigente que exige una capa de tierra suficiente como para reponer el arbolado equivalente al que había antes de la obra.

El cumplimiento de la sentencia se ha ido retrasando por varios motivos, entre los que están los recursos del Ayuntamiento, el rechazo del TSJ a varios proyectos presentados y las adjudicaciones de obras que quedaron desiertas y que ha obligado a subir el coste de la obra hasta algo más de cuatro millones de euros.