Dos proyectos de vivienda pública previstos por la Generalitat Valenciana continúan paralizados en un momento clave para evitar que los precios del alquiler y la venta se disparen, no se contagien de la importante escalada de precios que se está produciendo en buena parte de Europa. Actualmente hay dos proyectos comprometidos que el gobierno de Carlos Mazón no termina de iniciar.

Uno de ellos corresponde a un edificio construido por el antiguo MOPU en los años ochenta, propiedad ahora de la Generalitat Valenciana. Con siete plantas, el inmueble permanece abandonado y vacío. Se ha convertido en un enorme nido de palomas y existe temor a que su estado provoque problemas más graves, lo que genera constantes quejas vecinales.

El Ayuntamiento ya ha recibió un proyecto para rehabilitar y dar uso al edificio, pero, según la concejala de Vivienda, Teresa Sanjuán, la Generalitat lo ignora “y ahora dice que lo incluirá en el plan VIVE autonómico".

La segunda iniciativa atascada todavía es un solar. Está en las confluencias de las calles Sant Jaume y Embajador Irles. La obra cuenta con licencia municipal desde finales de 2022 y forma parte de un proyecto piloto de la Dirección General de Innovación Ecológica que contempla la edificación de cinco inmuebles más en la Comunitat Valenciana.

Con un presupuesto cercano a los dos millones de euros, la Conselleria adquirió los solares y aprobó la construcción de trece viviendas sostenibles e innovadoras destinadas al alquiler social con precios limitados y prioridad para jóvenes y mayores. El proyecto, diseñado por los estudios Biga y Martí Sardà, apuesta por técnicas de construcción flexibles y sociales.

Por ahora, la única explicación sobre la paralización de esta iniciativa ha sido la justificación del concejal del PP, Gabriel Guillem, quien atribuye el retraso al esfuerzo económico necesario para la reconstrucción de l’Horta Sud tras la dana. Sin embargo, para Teresa Sanjuán, esta excusa “no se sostiene, ya que la licencia de obra se concedió en diciembre de 2022, mucho antes de la dana”.

Al mismo tiempo, la concejala ha destacado otras iniciativas de vivienda pública que se están gestionando con financiación estatal o europea. Entre ellas, la rehabilitación del edificio municipal de la calle La Sardina 14 para covivienda, el de Sant Maure 13 para alquiler social, el de Sant Mateu 102-104 para vivienda intergeneracional y la ejecución del 93% de las ayudas de rehabilitación en 388 viviendas de 44 edificios de Alcoy.

Sanjuán también ha criticado "la inacción del PP alcoyano" y su respaldo a la Generalitat en estos proyectos, acusándoles de "tergiversar la información y difundir falsedades". En este sentido, ha asegurado que "siguen demostrando su incapacidad para gestionar la vivienda pública de Alcoy" y ha exigido que "acaben lo que tienen pendiente y dejen de poner excusas".