Tenían que terminar en 2024. Luego, se aprobó una prórroga hasta el 11 de marzo de 2025. Más tarde, se amplió dos meses más. Y llegada esa fecha, habrá una nueva fecha fijada para acabar las obras de reforma de La Rosaleda: el 30 de junio de 2025.

La razón de esta ampliación ha vuelto a ser parecida a la anterior, ya que según el informe emitido por el ingeniero de caminos, canales y puertos del Ayuntamiento, coordinador técnico de las obras, “la prórroga está justificada por diversas causas, como la falta de operatividad de empresas subcontratadas y proveedores afectados por la dana, además de los retrasos provocados por filtraciones debidas a la lluvia”.

En la primera ampliación, concedida en septiembre de 2024 por un período de tres meses y medio, el argumento fueron las “incidencias como la falta de acceso inicial a los sótanos del edificio, la gestión de residuos acumulados, la presencia de escombros ocultos o la necesidad de reducir el ritmo de demolición para minimizar las molestias al vecindario”.

El nuevo calendario para la reforma de la plaza de la Constitució, conocida popularmente como La Rosaleda, se extenderá, en un principio, a finales de junio.

“Sabemos que esta situación puede causar molestias al vecindario, pero la prioridad del Ayuntamiento es garantizar una ejecución técnicamente correcta porque la nueva Rosaleda pueda cumplir con todos los términos que ha dictado la sentencia y se pueda recuperar la zona verde que eliminó el anterior proyecto”, ha explicado la concejala de Urbanismo, Vanessa Moltó.

El porqué de la obra

La demolición de parte de la zona central de la plaza de La Constitució, la que albergaba el aparcamiento subterráneo, se debe a que el Ayuntamiento de Alcoy se ha visto obligado a cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo de la Comunitat Valenciana (TSJ). Esta disposición considera ilegal la actuación del entonces Gobierno municipal dirigido por Miguel Peralta, del Partido Popular. Obliga a cumplir con la normativa vigente que exige una capa de tierra suficiente como para reponer el arbolado equivalente al que había antes de la obra.

El cumplimiento de la sentencia se ha ido retrasando por varios motivos, entre los que están los recursos del Ayuntamiento, el rechazo del TSJ a varios proyectos presentados y las adjudicaciones de obras que quedaron desiertas y que ha obligado a subir el coste de la obra hasta algo más de cuatro millones de euros.