El Gobierno municipal de Alcoy ha señalado que la Conselleria de Medio Ambiente ha incumplido su propia ley tras no haber pedido los informes correspondientes antes de implantar el nuevo servicio de bus comarcal.

Según han apuntado, la Ley 6/2011 de Movilidad de la Comunidad Valenciana, en su artículo 72, establece que “los servicios de transporte público interurbanos podrán utilizar las paradas del transporte público colectivo urbano en las condiciones que establezca la Generalitat o la autoridad competente en materia de transporte en el ámbito interurbano, con el informe previo del Ayuntamiento correspondiente y, si procede, del titular de la vía si fuera otra administración, de acuerdo con lo que prevé el artículo 73 de esta ley.”

Este artículo 73 establece que “la administración competente en transportes someterá a informe del órgano competente en materia viaria aquellos instrumentos en virtud de los cuales se establezcan las paradas de los servicios de transporte”.

Ante la falta de estos informes, el alcalde de Alcoy, Toni Francés, ha remarcado que “a finales de junio la Conselleria puso en funcionamiento el nuevo servicio Busco, incorporando nuevas paradas y eliminando otras en la ciudad. Lo hizo no solo sin informar al Ayuntamiento, sino que, lo más grave, incumpliendo la Ley de Movilidad Valenciana, ya que antes de introducir los cambios deberían haber solicitado los informes correspondientes”.

Los últimos cambios producidos en las líneas, apenas un mes después de empezar a rodar con el nuevo servicio, sí han seguido el curso de petición de informes al Ayuntamiento, “pero de forma que resulta imposible cumplir con la ley, ya que la petición de informe no llegó hasta el pasado jueves 14 de agosto, un día hábil antes de que entraran en vigor los cambios, y dando al Ayuntamiento solo 15 días para informar. Por lo tanto, la Conselleria ha impuesto los cambios sin contar con el informe previo del Ayuntamiento”.

“Esta actuación evidencia que el Gobierno de Mazón actúa de manera improvisada, sin voluntad de cooperación ni colaboración, imponiendo primero sus decisiones y preguntando después, incumpliendo la ley y afectando tanto a los ayuntamientos como a la ciudadanía”, ha concluido el comunicado alcoyano.