El Tribunal Superior de Justicia ha resuelto que el proyecto presentado por el Ayuntamiento para ejecutar la sentencia de La Rosaleda tiene algunos defectos que impiden aprobarlo.

Recordar que el gobierno municipal aprobó un proyecto de reforma que, con el respaldo de los técnicos municipales, pretendía cumplir con los parámetros legales vigentes, al tiempo que era la opción más económica y menos perjudicial para el Ayuntamiento.

La concejala de contratación, Lorena Zamorano ha explicado que “nuestra voluntad ha estado encaminada siempre a llegar a una solución técnica compatible con el criterio judicial y con el menor coste para la ciudad. Ello pasaba por respetar el aparcamiento, evitando indemnizar a Ortiz, valedor de esta obra y responsable junto al gobierno del PP de una de las más clamorosas infracciones urbanísticas en Alcoy, junto a Serelles”.

Zamorano ha añadido que “este gobierno ha sido prudente y se ha querido cerciorar, antes de iniciar la obra, que ésta cumplía la legalidad para no tenerse que rehacer de nuevo la plaza. Por ello se envió el expediente del proyecto para que el Tribunal se pronunciara algo que no hizo el PP", quien curiosamente a apoyado al PSOE en esta reforma. Avanzar, La Carrasca y EU han estado en contra.

Así después de la decisión del TSJ, Zamorano ha concluido que “es necesario redactar un nuevo proyecto, una nueva solución que indudablemente será mucho más cara, rondando el millón y medio de euros. Creemos que Jorge Sedano y Rafa Miró han de asumir sus responsabilidades”.