La audiencia previa del juicio del caso DomusVi ha dado inicio en el juzgado de Alcoy. En esta residencia de mayores fallecieron 74 de los 150 usuarios al inicio de la pandemia de la covid-19. La vista previa ha servido a ambas partes para presentar al juez las pruebas y testimonios que han considerado, con el objetivo de que sean admitidas para el juicio. El paso siguiente llegará con la fijación del calendario y el objeto del proceso, momento en el que las partes podrían llegar a un acuerdo, si así lo desearan.

Los demandantes, constituidos como Asociación de Familiares Afectados en las Residencias DomusVi Alcoy y Cocentaina, presentaron demanda civil en octubre de 2021. Representan a 46 familiares de 18 fallecidos. El resto no han querido sumarse, algunos por no revivir aquellos momentos y otros por no poder asumir el dispendio económico que supone un juicio.

Los abogados que llevan el caso aconsejaron esta vía civil, y no la penal, para no demorar el proceso. Este tipo de demandas conllevan responsabilidad civil y una indemnización económica que no ha trascendido, presentada contra la empresa matriz de Domus Vi, Quavitae Servicios Asistenciales, S.A.U. y su aseguradora, Mapfre España.

Tanto el portavoz de la plataforma de familiares, José Luis García, como el letrado encargado del caso, José Guillem, han denunciado en más de una ocasión la falta de colaboración de la administración pública a la hora de recabar información. En las puertas de los juzgados de Alcoy, García ha explicado que “después de 3 años, valoramos positivamente que hayamos llegado a este punto y esperamos que salga la verdad, saber todo lo que pasó”.

CONTEXTO DE MÁS DE 3 AÑOS

Los familiares de la residencia de mayores DomusVi Alcoy, con plazas privadas y concertadas, conocieron los primeros casos de personas infectadas el 8 de marzo de 2020. Dos días después del inicio del confinamiento, el 17 de marzo, trascendió que habían muerto al menos tres usuarios por covid-19 y que estaban afectadas 45 personas más, entre residentes y personal del centro. Día a día la cifra aumentó hasta los 74 fallecidos.

El 18 de marzo, la Conselleria de Sanitat pidió a la Unidad Militar de Emergencias (UME) la desinfección del geriátrico. Al tiempo, los comunicados de la Conselleria siempre afirmaban que los enfermos se atendían en la propia residencia mediante la Unidad de Hospitalización Domiciliada (UHD), sin ingresos en hospitales. El 19 de marzo de 2020, la Conselleria de Igualdad intervino el centro. El 22 del mismo mes, Sanidad ya reconocía 16 fallecidos. Quienes lograron sobrevivir han contado que sabían que quien se infectara no iba a salir vivo de allí.

Tras la tragedia, la Conselleria de Igualdad multó con 40.000 euros a la empresa concesionaria por no haber respetado durante años los ratios de personal médico y técnicos, como se había comprobado en las inspecciones de diciembre de 2018, julio y noviembre de 2019. Esta cantidad, contra la que la empresa presentó alegaciones, fue duramente criticada por los familiares, al considerar que no alcanzaba ni a una cuarta parte de la facturación mensual de DomusVi en Alcoy.

El pleno del Ayuntamiento de Alcoy solicitó en mayo de 2020 la gestión pública de la residencia con el voto en contra del Partido Popular. La Conselleria de Igualdad descartó en octubre del mismo año la reversión por dificultades legales y la ex consellera Mònica Oltra aseguró que su departamento iba a buscar una fórmula negociada que finalizara el contrato que expira en 26 años.