Más plazo. El Ayuntamiento de Alcoy ha tenido que aprobar una nueva prórroga para la empresa encargada de la reconstrucción de la Rosaleda. Tras una visita de inspección, los responsables del Departamento de Obras han comprobado que el aparcamiento todavía no está listo, pese a la ampliación anterior de tres semanas en el plazo de entrega.

La Ley de Contratos del Sector Público contempla este tipo de situaciones y obliga a conceder más tiempo, en este caso, dos semanas, que ahora son improrrogables. La concejala de Urbanismo, Vanessa Moltó, ha anunciado que “el consistorio va a iniciar el expediente para solicitar a la dirección facultativa un informe que determine si los retrasos en la puesta en funcionamiento del estacionamiento se han debido a causas justificadas”. Si se demuestra que han podido evitarse, el Ayuntamiento podría emprender acciones legales.

Así que, hasta dentro de quince días más no se podrá aparcar en la Rosaleda. La empresa adjudicataria aún no ha corregido la impermeabilización en algunas zonas de nueva construcción ni cuenta con las autorizaciones necesarias para instalaciones que ha tenido que reponer. En cualquier caso, quedará pendiente la plantación del jardín hasta el 15 de septiembre, algo previsto y acordado con el objetivo de evitar el calor durante la primera fase de vida de las plantas en la plaza.
Esta es la quinta prórroga que solicita o se concede a la Unión Temporal de Empresas adjudicataria del proyecto, la única que se presentó al concurso, compuesta por Cyes Infraestructuras y Guerola Transer. Pidió una en septiembre de 2024, otra al finalizar esta en marzo de 2025, la siguiente en mayo y la última que dio el Ayuntamiento al comprobar que no estaba terminada correctamente.

La obra, que ha supuesto la demolición de parte de la zona central de la plaza de La Constitució —donde se encontraba el aparcamiento subterráneo—, responde al cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ). Esta resolución considera ilegal la actuación del entonces Gobierno municipal, dirigido por Miguel Peralta, del Partido Popular, y obliga a cumplir con la normativa vigente, que exige una capa de tierra suficiente para reponer el arbolado equivalente al que existía antes de la obra.