Supimos, nada más salir la sentencia, que sentían “decepción, rabia, incredulidad e impotencia”. También que era complicado que decidieran seguir con el proceso judicial por el riesgo a un coste elevado y, especialmente, porque la decisión del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Alcoy al desestimar su demanda destrozó los ánimos de los familiares muertos en la residencia DomusVi de Alcoy en los primeros días de la pandemia por covid19, el coronavirus que decíamos ahora hace cinco años.

Esta demanda, más que la petición de justicia por un hecho que el sentido común adjetiva de escandaloso y desalmado, podría haber sido la posibilidad de poner orden en un sector, el de las residencias de mayores, que se ha convertido en un filón de beneficios vergonzosamente usureros para multinacionales. Además, colabora en que los miles de fallecidos en circunstancias similares en el resto de España no vayan a merecer tampoco una investigación profunda que juzgue a quienes tomaron decisiones inhumanas. Para ellos ha sido muy duro.

La Asociación de Familiares de Afectados DomusVi de Alcoy tiene un origen anterior a la masacre, porqué no utilizar las palabras que definen bien las cosas, del covid. Como plataforma, sin estar formalizados con la figura jurídica que necesitaron para presentar la demanda, ya trabajaban por intentar poner orden en el geriátrico de Oliver. “Buscábamos entonces cambiar las condiciones de vida en las residencias, en general y en la que estaban nuestros familiares en particular”, explica a Pagina66 el portavoz de la asociación, José Luis García. Desde 2019 luchaban por cambiar el modelo, porque no les parecía adecuado el que actualmente sigue vigente. La Conselleria con las competencias en servicios sociales le pide a los ayuntamientos el terreno o lugar, después contratan desde Valencia la construcción o reforma y con todo nuevo y terminado le dan a una empresa privada la concesión por muchos años.

“De esta forma, las vida de las personas allí internas es precaria”, relata José Luis García. Junto al resto de miembros de la plataforma, más familiares de los que al final pudieron hacer frente a la presentación de la demanda judicial, pedían una atención más digna, más adecuada a las necesidades de las personas.

Prácticamente desde la inauguración del complejo geriátrico, como le llamábamos en 2005, las quejas se han ido acumulando. Falta de personal, dificultades para el acceso de familiares, protestas sindicales por exceso de carga de trabajo… Primero fue Novaire, filial de OHL, una de las dos constructoras que trabajaron durante tres años en la reforma del antiguo Hospital Civil de Oliver. Después DomusVi, la marca con la que opera Quaevitae Servicios Asistenciales, administrada por Geriavi, y con capital internacional. Una y otra, siempre ha habido noticias sobre el funcionamiento de este centro.

“Tenemos un problema importante”, reflexiona el portavoz de la asociación de familiares una vez asumido que han perdido la batalla judicial porque no pueden hacer frente a más gastos. El envejecimiento de la población y la falta de medidas que permitan una atención adecuada para todos es algo que afectará a la sociedad de manera inmediata. “Durante este tiempo he preguntado y ningún político me ha transmitido un proyecto que se enfrente a la necesidad”, asegura José Luis. Hará falta, Ya hace falta. La alternativa hoy mismo está a 40 km de aquí, más de media hora en coche.

Lo que ocurrió fue catastrófico, trágico y muy doloroso. Hace ya cinco años, pero quienes vieron el goteo incesante de coches fúnebres en la puerta de la calle Nofre Jordá no lo olvidan, y no hablamos de quien entró en algún momento. Murieron 74 personas, más de la mitad de los ancianos que la residencia tenía a su cargo. Y, según la Justicia, nadie tuvo la culpa. En realidad no es eso. La realidad de la sentencia se traduce en que nadie fue responsable. Ni se quiere saber por qué.

No han intentado profundizar. Los familiares que presentaron la demanda creen que no se ha querido rascar más y que la sentencia no ha llegado a valorar algunos testimonios clave. “Nos hemos pegado contra una pared”, admite su portavoz, quien está seguro de que “hay un interés grande en que esto se tapara” y que no se ha querido investigar más.

Sobre la sentencia, echan en falta más sensibilidad y, sobre todo, rigor. Rigor en la valoración de los testimonios y de los informes periciales. Denuncian los demandantes que el juez ha creído informes médicos presentados por la empresa concesionaria sobre los que ellos avisaron que tenían datos falsos. Una de los argumentos que más dolor les ha producido es que las personas internas tenían una salud vulnerable y por eso murieron. Se preguntan si “fallecieron juntas en un mes por casualidad”. Y luego está el que bautizan como “protocolo de la vergüenza” que han conocido por unos correos electrónicos entre la residencia y el hospital y que sí se rectificó en la segunda oleada de covid en el geriátrico, cuando ya estaba intervenido.

Pasado el tiempo y decidido que no van a seguir protestando por la vía judicial, hacen mención a las dificultades que la asociación ha tenido para acceder a información clave que, quizás, hubiera cambiado la sentencia. Fiscalía no les dejó en 2020 personarse como afectados en las diligencias previas, DomusVi no ha aportado la información requerida en tiempo y con claridad, las Consellerias de Sanidad y Políticas Inclusivas no ha facilitado para el juicio los informes sobre lo que encontraron el día que con la UME al frente intervinieron la residencia y que la anterior consellera, Mónica Oltra, reveló escandalizada que existían…

Dan por bien invertidos los más de 70.000 euros que les ha costado llegar al juicio. Paran porque no podrían poner más dinero y la otra parte no tiene problemas de este tipo. David contra Goliat. Se conforman los familiares con dos cosas. La primera, que pese a las dificultades lograron que la demanda fuese admitida a trámite y que se celebrase el juicio. La segunda, que saben que su esfuerzo está sirviendo en otras zonas de España para que las fiscalías estudien reabrir casos similares al de Alcoy.

“Que no esté probado no quiere decir que no sea”, ha sentenciado, él sí, el portavoz de la Asociación de Familiares de Afectados DomusVi de Alcoy. Prometen seguir luchando por una atención digna a las personas mayores, “por su dignidad y nuestro futuro".